miércoles, 6 de enero de 2010

Gobernador de NL cambia funcionarios

El Coordinador General de Comunicación Social fue cesado de su cargo por implementar una política de cerrazón ante los medios; el relevo fue acusado de desvío de recursos en la administración pasada

A tres meses de haber tomado protesta como gobernador de Nuevo León, el priista Rodrigo Medina de la Cruz ya se vio obligado a realizar los primeros cambios en su gabinete.
La noche de ayer fue cesado de su cargo el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de gobierno, Eloy Garza González, debido al mal desempeño que tuvo desde el inicio de la administración, el pasado 3 de octubre del 2009.

En su lugar entra Francisco Cienfuegos Martínez, quien se desempeñaba como Director de Relaciones Públicas e Institucionales de la Oficina Ejecutiva del gobernador.


Eloy Garza fue señalado de implementar una política de cerrazón ante los diversos medios de comunicación de la localidad, asímismo se le acusó de ocultarle información al gobernador ya que mutilaba la síntesis oficial de gobierno, impidiendo la reproducción de las notas negativas que se le pudieran generar a Medina de la Cruz.

En la administración estatal anterior de Natividad González Parás (2003-2009), Cienfuegos Martínez fue coordinador de Planeación en la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza (Codefront), y a nivel municipal fue subdirector de Prevención y Reclusorios de la Policía de Monterrey del 2004 al 2005.

Francisco Cienfuegos renunció a este último cargo debido a que un medio de comunicación local publicó una investigación donde evidenciaba desvío de recursos por el orden de 3 millones de pesos.

De acuerdo a dicho artículo, el funcionario era al mismo tiempo trabajador de municipio y proveedor de Codefront, mediante una empresa que presta servicios de seguridad llamada Protege Servicios de Seguridad Privada, S.A. de C.V., fundada por Cienfuegos.

El funcionario estatal recibió en ese momento un contrato de 3 millones de pesos por servicios en materia de seguridad.

Derivado de la investigación, la Contraloría ordenó aplicar un apercibimiento al funcionario y éste renunció a su cargo en agosto del 2008.
Monterrey, NL

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