Ordena TEPJF proceso contra 6 delegados federales en NL

Habrían acordado evitar que el gobierno local se apropiara de programas de apoyo.

Por unanimidad, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió ayer que la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León inicie un procedimiento para fincar responsabilidad contra nueve funcionarios públicos, entre ellos seis delegados de secretarías federales, dentro de las 48 horas siguientes a que les sea notificado.
El procedimiento debe iniciarse siempre que no contravenga el artículo 271 de la Ley Electoral de Nuevo León, que establece la procedencia del desechamiento cuando la demanda no se interponga por escrito ante el organismo electoral; no contenga la firma del promovente; su presentación sea extemporánea, o en caso de que no se expresen agravios o habiéndose señalado hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno.
Sin embargo, en su momento el órgano electoral neoleonés nunca argumentó ninguna de esas causales para desechar la queja.
El fallo sobre el juicio de revisión constitucional electoral se relaciona con una denuncia del PRI contra nueve funcionarios de diferentes dependencias federales, por la presunta “utilización de recursos públicos en beneficio del Partido Acción Nacional”.
Se trata de Francisco Treviño, de la Profepa; Margarita Alicia Arellanes, Sedesol; Fanny Arellanes, Secretaría del Trabajo; Brenda Sánchez, Semarnat; Pedro Garza, gerente regional de la Conagua; José Arturo Salinas, de Economía; Jesús Ulises Peralta, gerente de Liconsa; Norma Patricia Saucedo, de la oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación Pública, y María Gabriela Lozano, de la Condusef.
El PRI señaló que el 19 de abril pasado, dichos funcionarios se reunieron en privado y acordaron “cerrar filas y evitar que el gobierno local se adjudicara como propios los programas federales y los utilizara en su beneficio durante el desarrollo del proceso electoral local”.
El denunciante precisó que esos funcionarios públicos, “presumiblemente miembros del PAN, pretenden faltar a su obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, afectando con ello la equidad en la competencia entre los partidos políticos, en el marco de los procesos electorales que se están desarrollando en Nuevo León”.
En esa entidad, además de los comicios para diputados federales, el 5 de julio próximo se definirá también la gubernatura, el Congreso local y ayuntamientos, donde la máxima posición estatal la buscan el panista Fernando Elizondo y el priista Rodrigo Medina, entre los principales candidatos.
El 29 de abril pasado, el comisionado instructor de la Comisión Estatal Electoral desechó de plano la denuncia, con el énfasis en que los hechos citados no eran susceptibles de ser sancionados por la Ley Electoral local.
Esto motivó que el pasado 5 de mayo, el PRI interpusiera juicio de inconformidad en contra de esa resolución, y el 20 del mismo mes, el pleno del Tribunal Electoral de Nuevo León confirmó el acuerdo de desechamiento de la denuncia.
Sin embargo, ayer la sala superior del TEPJF determinó que no fueron analizados debidamente los agravios que se hicieron valer en el juicio de inconformidad; el desechamiento se basó en las facultades de la autoridad electoral administrativa para conocer del asunto, “cuando sólo podía hacerlo cuando se actualizar alguna de las causales previstas en la ley”.
Mauricio Pérez. México, D.F. (Milenio)