Autoridades e IP consideraron que la intervención de elementos de la Marina fue brutal y repercutirá en la afluencia turística de la zona
Autoridades y empresarios desaprobaron los operativos efectuados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para clausurar, el miércoles pasado, el hotel Maroma Paradise Beach Club and Marina, localizado entre Cancún y Playa del Carmen, en Quintana Roo.
Efectivos de la Marina Nacional defendieron a 12 inspectores que participaron en el operativo, amenazados por más de un centenar de trabajadores, armados con palos y martillos, quienes trataron de impedir el cierre del centro de hospedaje; sin embargo, los empresarios alegan que la presencia de militares fue negativa para el centro turístico.
La Oficina de Visitantes de Cancún (OVC) calificó de "brutal y desproporcionadas", al clausurar el hotel boutique de 72 habitaciones y la marina con capacidad de 30 lanchas y yates, por construirse y operar sin autorización de impacto ambiental, cambio de uso de suelo en terrenos forestales, ni concesión de zona federal marítimo terrestre, en tres hectáreas de manglares, que lo mismo fueron talados y rellenados sin permisos.
El presidente de dicho organismo, Jesús Almaguer, criticó la "falta de sensibilidad" de las autoridades ambientales, por ejecutar este tipo de medidas con la presencia de elementos de la Marina Nacional, pues consideró que echa abajo los esfuerzos de la campaña "Vive México", lanzada por el gobierno federal.
"Los elementos de la armada o la militar, deben actuar de esta forma para enfrentar al narcotráfico o la delincuencia organizada y no para espantar al Turismo que, de por sí, es poco en estos momentos", afirmó.
En coincidencia, el presidente municipal de Solidaridad, Román Quian Alcocer, indicó que con ese tipo de operativos, la Procuraduría lesiona la economía de las familias que dependen de ese centro turístico.
"El día de la clausura, el hotel tenía una ocupación del 44 por ciento y la marina operaba al 80 por ciento (...) la Profepa, debe tener un papel más preventivo, que de reacción, así evitaría que los empresarios violen o incumplan las leyes ambientales", manifestó.
Además, también desaprobó la intervención de las fuerzas armadas, ya que "no se trata de delincuentes, sino de empresarios que buscan regularizar su situación".
En ese tenor, recomendó a los inversionistas que, antes de iniciar sus desarrollos, deben asegurarse de contar con todos los trámites y permisos que señalan las leyes ambientales, sobre todo, aquellas que protegen al mangle.
Asimismo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, Juan José Chan Cauich, dijo apoyar la aplicación de la ley, mas no los métodos empleados por la dependencia, para hacerla valer.
En tanto, si bien empleados del centro de hospedaje siguen laborando, reconocieron que viven momentos de incertidumbre, debido a que la próxima semana el hotel clausurado tendrá que cerrar sus puertas.
De acuerdo con la gerencia del centro de hospedaje, la Profepa aceptó permitir que el centenar de turistas que se encontraban al momento de la clausura, abandonen el sitio hasta que concluyan su estadía prevista y pagada, con la condicionante de no abrir nuevas reservaciones. Cancún, Q. Roo/Adriana Varillas (El Universal)
viernes, 26 de junio de 2009
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