Concluyó investigación por hechos ocurridos en 2007 en Monclova. En su recomendación 52/2009, dirigida al Secretario de la Defensa Nacional, General Guillermo Galván Galván, solicita se indemnice a los reporteros y se reparen los daños.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que los militares que en agosto de 2007 detuvieron en Monclova a los reporteros Manuel Acosta Villarreal y Sinhué Samaniego Osorio, del periódico Zócalo; Jesús Arnoldo González Meza, del diario La Voz y José Alberto Rodríguez Reyes, de Núcleo Radio Televisión Canal 4, incurrieron en la violación a los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato digno, a la integridad y seguridad personales, así como a la libertad de expresión de los agraviados.
En su recomendación 52/2009, dirigida al Secretario de la Defensa Nacional, General Guillermo Galván Galván, solicita se indemnice a los reporteros y se reparen los daños.
De acuerdo con un comunicado de prensa, la Comisión inició su investigación a partir de una queja presentada por el director Editorial del periódico Zócalo.
Como se recordará, la madrugada del 8 de agosto de 2007 los reporteros fueron detenidos cuando en los vehículos de los medios para los que trabajan seguían a un convoy militar para dar cobertura informativa al entonces inusual operativo.
Tras mantenerlos en las instalaciones militares por varias horas, se les consignó al Ministerio Público Federal acusados de posesión de enervantes, de armas y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como de pertenecer a una célula de un grupo delictivo. Sin embargo no se pudo acreditar la acusación y un juez federal los dejó en libertad.
De acuerdo con el comunicado de Derechos Humanos, los reporteros fueron víctimas de detención, retención, incomunicación y privación ilegal de la libertad por personal militar durante casi 16 horas. En ese lapso fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, ya que les vendaron los ojos, los esposaron y golpearon.
Según la Comisión, El Ministerio Público Federal inició la averiguación previa respectiva por abuso de autoridad, la cual fue turnada a su homólogo militar, que determinó el archivo de la misma, con la explicación de extinción de la acción penal por la muerte del Subteniente de Infantería que tenía el mando del operativo; con ello impidió el ejercicio de la acción penal contra los otros 16 elementos que participaron en los hechos que, dijo, tienen el excluyente de obediencia jerárquica, pues sólo acataron órdenes.
El 18 de diciembre de 2007, en un centro comercial de Torreón, junto a otros dos militares, fue ejecutado el Subteniente de Infantería, Adrián Barrera Castoreña, a quien se atribuyó el mando en el operativo que concluyó con la detención de los reporteros en Monclova. Los militares ejecutados estaban bajo el mando directo del General Jorge Juárez Loera, Comandante en ese entonces de la Onceava Región Militar, y hoy Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa.
En el comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se señala que durante la investigación el análisis de las evidencias permitió acreditar diversas contradicciones entre los hechos y el parte militar.
“En este caso hubo negativa de la Sedena para que personal actuante de la CNDH entrevistara a los elementos militares involucrados en los hechos, con lo que viola las disposiciones legales y entorpece la indagación de presuntas violaciones a derechos humanos, sin que ello se traduzca en la investigación y persecución de los delitos, tarea que corresponde a la autoridad ministerial”, señala el comunicado.
En su Recomendación la CNDH también solicita resolver conforme a Derecho la averiguación previa iniciada, y archivada el 25 de junio del 2008, por abuso de autoridad; dar vista al titular de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana para que investigue y determine la responsabilidad de los elementos castrenses involucrados en los hechos, incluido el personal médico; investigar a los servidores públicos que impidieron entrevistar a los elementos vinculados con lo ocurrido; dictar medidas para combatir y evitar la repetición de acciones como las señaladas, así como difundir la cultura de respeto a los derechos humanos mediante cursos de capacitación dirigidos a servidores públicos de la Sedena. Saltillo, Coah./Agencias (Milenio)
En su recomendación 52/2009, dirigida al Secretario de la Defensa Nacional, General Guillermo Galván Galván, solicita se indemnice a los reporteros y se reparen los daños.
De acuerdo con un comunicado de prensa, la Comisión inició su investigación a partir de una queja presentada por el director Editorial del periódico Zócalo.
Como se recordará, la madrugada del 8 de agosto de 2007 los reporteros fueron detenidos cuando en los vehículos de los medios para los que trabajan seguían a un convoy militar para dar cobertura informativa al entonces inusual operativo.
Tras mantenerlos en las instalaciones militares por varias horas, se les consignó al Ministerio Público Federal acusados de posesión de enervantes, de armas y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como de pertenecer a una célula de un grupo delictivo. Sin embargo no se pudo acreditar la acusación y un juez federal los dejó en libertad.
De acuerdo con el comunicado de Derechos Humanos, los reporteros fueron víctimas de detención, retención, incomunicación y privación ilegal de la libertad por personal militar durante casi 16 horas. En ese lapso fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, ya que les vendaron los ojos, los esposaron y golpearon.
Según la Comisión, El Ministerio Público Federal inició la averiguación previa respectiva por abuso de autoridad, la cual fue turnada a su homólogo militar, que determinó el archivo de la misma, con la explicación de extinción de la acción penal por la muerte del Subteniente de Infantería que tenía el mando del operativo; con ello impidió el ejercicio de la acción penal contra los otros 16 elementos que participaron en los hechos que, dijo, tienen el excluyente de obediencia jerárquica, pues sólo acataron órdenes.
El 18 de diciembre de 2007, en un centro comercial de Torreón, junto a otros dos militares, fue ejecutado el Subteniente de Infantería, Adrián Barrera Castoreña, a quien se atribuyó el mando en el operativo que concluyó con la detención de los reporteros en Monclova. Los militares ejecutados estaban bajo el mando directo del General Jorge Juárez Loera, Comandante en ese entonces de la Onceava Región Militar, y hoy Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa.
En el comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se señala que durante la investigación el análisis de las evidencias permitió acreditar diversas contradicciones entre los hechos y el parte militar.
“En este caso hubo negativa de la Sedena para que personal actuante de la CNDH entrevistara a los elementos militares involucrados en los hechos, con lo que viola las disposiciones legales y entorpece la indagación de presuntas violaciones a derechos humanos, sin que ello se traduzca en la investigación y persecución de los delitos, tarea que corresponde a la autoridad ministerial”, señala el comunicado.
En su Recomendación la CNDH también solicita resolver conforme a Derecho la averiguación previa iniciada, y archivada el 25 de junio del 2008, por abuso de autoridad; dar vista al titular de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana para que investigue y determine la responsabilidad de los elementos castrenses involucrados en los hechos, incluido el personal médico; investigar a los servidores públicos que impidieron entrevistar a los elementos vinculados con lo ocurrido; dictar medidas para combatir y evitar la repetición de acciones como las señaladas, así como difundir la cultura de respeto a los derechos humanos mediante cursos de capacitación dirigidos a servidores públicos de la Sedena. Saltillo, Coah./Agencias (Milenio)
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