Los mexicanos no vamos a quedar quietos, ya que es una agresión racista y de crueldad social que no se puede tolerar, dice el padre Pedro Pantoja Arreola.
Por considerar que la Ley Antiinmigrante de Arizona, que a partir de hoy se empezará aplicar en esa entidad norteamericana ,es una agresión racista y de crueldad social pues tratarán como animales a los migrantes, de ninguna manera se puede tolerar y por ello los mexicanos no se van a quedar quietos ni cruzados de brazos, afirmó el Padre Pedro Pantoja Arreola, Coordinador de Pastoral Social de la Diócesis de Saltillo y responsable de Belén, Casa del Migrante.
Aún cuando hoy se proclame o se ratifique la Ley SB 1070, los organismos defensores de derechos humanos, si bien no podrán frenarla, si establecerán una posición estratégica de trabajo muy serio, para que situaciones como la de Arizona que viola los derechos humanos, no vuelvan a suceder, afirmó Pantoja Arreola.
Además que no se permita por parte de las autoridades mexicanas que se den este tipo de iniciativas, que no se queden calladas y quietas ante esta injusticia.
Pantoja Arreola añadió que de la aplicación de esta ley se derivarán gran cantidad de injusticias para nuestros connacionales y gran cantidad de migrantes centroamericanos.
Anunció que el día 2 de septiembre habrá una marcha hacia el vecino país de gente de Sonora, así como con organizaciones de Estados Unidos, de California y exactamente en la línea del Desierto Altar harán una celebración y una proclamación de justicia y van a cruzar la línea divisoria en una caravana, en la que participarán obispos, sacerdotes, laicos y habitantes de la frontera de ambos países.
El presbítero También lamentó que la política de Estados Unidos esté entretenida en otros intereses y que entendía que lo dicho por el Presidente Barack Obama es sólo una promesa, no una propuesta seria en materia de reforma migratoria.
Destacó que Obama está preocupado por otras cuestiones de tipo económico y en cuestiones de política interna y externa de Estados Unidos y no por la migración.
Consideró lamentable también que no haya una iniciativa del gobierno mexicano, de todas sus instituciones, por eso es que los obispos mexicanos y norteamericanos están peleando muy duro contra esa ley y no se van a dejar.
Añadió que el movimiento social que realizan se basa en el derecho internacional, con planteamientos serios y profesionales, no es un movimiento social contestatario, sino fundamentado en el derecho, por ello han acudido ante la Cámara de Senadores, académicos, ante la sociedad civil y de sus organizaciones, para hacer una presentación seria y formal de reforma migratoria.
Puntualizó: “ porque no queremos ayudar o alentar la migración, sino que queremos quitar las causas que la provocan, al pedirle a los gobiernos de México y de los países centroamericanos que establezcan las condiciones de desarrollo sustentable de las personas, para que la migración ya no sea una opción para salir de la pobreza de mexicanos y centroamericanos”.
Al abundar en el tema, subrayó que durante este mes han muerto 20 migrantes por insolación en territorio norteamericano, por eso la caravana que harán en septiembre la van a llamar “ El Camino del Desierto”, porque el Desierto Altar significa otro reto, pues es considerado el lugar más caliente del hemisferio norte, con temperaturas máximas que llegan a 46.5 grados centígrados a la sombra y es donde operan los traficantes de migrantes.
El Responsable de la Casa del Migrante, junto con Sandra Albicker Sánchez y Gabriel H. Pérez Duperou, coordinadores de Derechos Humanos de esta casa, ofrecieron una conferencia a la prensa en la que leyeron un comunicado ,en el que señalan que la aplicación de esta ley a partir de hoy, tendrá como efectos el incremento de todo tipo de agresiones y violaciones de derechos de los migrantes, principalmente sus derechos laborales y sociales.
Esta ley además fomentará entre la sociedad estadounidense la permisividad de actos contra la vida y la dignidad de los indocumentados y por tanto, de ninguna manera cumplirá los objetivos de garantizar mayor seguridad territorial a Arizona, ni frenará el ingreso y la contratación de trabajadores migratorios sin documentos.
La Casa del Migrante también manifestó que la Ley SB 1070 tipifica injustificadamente a los migrantes como violadores de la seguridad y la armonía social, ya que sus estrategias se limitan a meras persecuciones y detenciones policiacas.
Que dicha ley responde a un interés político, discriminador y no a un análisis profundo del fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos en el que interactúan fuerzas económicas, políticas, sociales y culturales de ambos países.
Consideraron que México debe diseñar, implementar y evaluar una política migratoria integral basada en el Plan Nacional de Desarrollo, encaminada a garantizar condiciones de seguridad humana en las comunidades de mayor expulsión de personas migrantes y sobre todo con una auténtica perspectiva de los derechos humanos y la dignidad de las personas.
Además, que así como el gobierno mexicano condena las agresiones cometidas contra mexicanos en Estados Unidos, también debe de sancionar los procedimientos de verificación migratoria que realizan el Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal, en carreteras y rutas ferroviarias, pues estos procedimientos reproducen el modelo discriminatorio de la Ley Arizona cuando “aseguran” únicamente a aquellas personas cuyos rasgos físicos las hacen sospechosas de ser extranjeras.
Consideraron que es responsabilidad del Estado Mexicano que, más allá de extrañamientos y respuestas diplomáticas aisladas, los tres Poderes de la Unión asuman su compromiso de impulsar el desarrollo económico y social del país, y que adecuen y actualicen los marcos legales.
Consideraron urgente que las dependencias de la Administración Pública Federal atiendan el comportamiento de los mercados laborales regionales y garanticen mecanismos efectivos de colaboración y responsabilidad compartida con Estados Unidos y Canadá. Bajo este principio, se requieren esfuerzos desde los tres niveles de gobierno para propiciar procesos de retorno y de reinserción digna y sustentable de los migrantes y sus familias al territorio nacional, así como posibilidades de un auténtico desarrollo integral.
En el comunicado, también convocaron a la sociedad civil para que asuma una postura, no solo de denuncia, sino mayor de actuación estratégica y estructural, que sustente la creación de una justa y digna reforma migratoria a favor de los mexicanos y personas de otros países que transiten por México.
Saltillo, Coah.
Por considerar que la Ley Antiinmigrante de Arizona, que a partir de hoy se empezará aplicar en esa entidad norteamericana ,es una agresión racista y de crueldad social pues tratarán como animales a los migrantes, de ninguna manera se puede tolerar y por ello los mexicanos no se van a quedar quietos ni cruzados de brazos, afirmó el Padre Pedro Pantoja Arreola, Coordinador de Pastoral Social de la Diócesis de Saltillo y responsable de Belén, Casa del Migrante.
Aún cuando hoy se proclame o se ratifique la Ley SB 1070, los organismos defensores de derechos humanos, si bien no podrán frenarla, si establecerán una posición estratégica de trabajo muy serio, para que situaciones como la de Arizona que viola los derechos humanos, no vuelvan a suceder, afirmó Pantoja Arreola.
Además que no se permita por parte de las autoridades mexicanas que se den este tipo de iniciativas, que no se queden calladas y quietas ante esta injusticia.
Pantoja Arreola añadió que de la aplicación de esta ley se derivarán gran cantidad de injusticias para nuestros connacionales y gran cantidad de migrantes centroamericanos.
Anunció que el día 2 de septiembre habrá una marcha hacia el vecino país de gente de Sonora, así como con organizaciones de Estados Unidos, de California y exactamente en la línea del Desierto Altar harán una celebración y una proclamación de justicia y van a cruzar la línea divisoria en una caravana, en la que participarán obispos, sacerdotes, laicos y habitantes de la frontera de ambos países.
El presbítero También lamentó que la política de Estados Unidos esté entretenida en otros intereses y que entendía que lo dicho por el Presidente Barack Obama es sólo una promesa, no una propuesta seria en materia de reforma migratoria.
Destacó que Obama está preocupado por otras cuestiones de tipo económico y en cuestiones de política interna y externa de Estados Unidos y no por la migración.
Consideró lamentable también que no haya una iniciativa del gobierno mexicano, de todas sus instituciones, por eso es que los obispos mexicanos y norteamericanos están peleando muy duro contra esa ley y no se van a dejar.
Añadió que el movimiento social que realizan se basa en el derecho internacional, con planteamientos serios y profesionales, no es un movimiento social contestatario, sino fundamentado en el derecho, por ello han acudido ante la Cámara de Senadores, académicos, ante la sociedad civil y de sus organizaciones, para hacer una presentación seria y formal de reforma migratoria.
Puntualizó: “ porque no queremos ayudar o alentar la migración, sino que queremos quitar las causas que la provocan, al pedirle a los gobiernos de México y de los países centroamericanos que establezcan las condiciones de desarrollo sustentable de las personas, para que la migración ya no sea una opción para salir de la pobreza de mexicanos y centroamericanos”.
Al abundar en el tema, subrayó que durante este mes han muerto 20 migrantes por insolación en territorio norteamericano, por eso la caravana que harán en septiembre la van a llamar “ El Camino del Desierto”, porque el Desierto Altar significa otro reto, pues es considerado el lugar más caliente del hemisferio norte, con temperaturas máximas que llegan a 46.5 grados centígrados a la sombra y es donde operan los traficantes de migrantes.
El Responsable de la Casa del Migrante, junto con Sandra Albicker Sánchez y Gabriel H. Pérez Duperou, coordinadores de Derechos Humanos de esta casa, ofrecieron una conferencia a la prensa en la que leyeron un comunicado ,en el que señalan que la aplicación de esta ley a partir de hoy, tendrá como efectos el incremento de todo tipo de agresiones y violaciones de derechos de los migrantes, principalmente sus derechos laborales y sociales.
Esta ley además fomentará entre la sociedad estadounidense la permisividad de actos contra la vida y la dignidad de los indocumentados y por tanto, de ninguna manera cumplirá los objetivos de garantizar mayor seguridad territorial a Arizona, ni frenará el ingreso y la contratación de trabajadores migratorios sin documentos.
La Casa del Migrante también manifestó que la Ley SB 1070 tipifica injustificadamente a los migrantes como violadores de la seguridad y la armonía social, ya que sus estrategias se limitan a meras persecuciones y detenciones policiacas.
Que dicha ley responde a un interés político, discriminador y no a un análisis profundo del fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos en el que interactúan fuerzas económicas, políticas, sociales y culturales de ambos países.
Consideraron que México debe diseñar, implementar y evaluar una política migratoria integral basada en el Plan Nacional de Desarrollo, encaminada a garantizar condiciones de seguridad humana en las comunidades de mayor expulsión de personas migrantes y sobre todo con una auténtica perspectiva de los derechos humanos y la dignidad de las personas.
Además, que así como el gobierno mexicano condena las agresiones cometidas contra mexicanos en Estados Unidos, también debe de sancionar los procedimientos de verificación migratoria que realizan el Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal, en carreteras y rutas ferroviarias, pues estos procedimientos reproducen el modelo discriminatorio de la Ley Arizona cuando “aseguran” únicamente a aquellas personas cuyos rasgos físicos las hacen sospechosas de ser extranjeras.
Consideraron que es responsabilidad del Estado Mexicano que, más allá de extrañamientos y respuestas diplomáticas aisladas, los tres Poderes de la Unión asuman su compromiso de impulsar el desarrollo económico y social del país, y que adecuen y actualicen los marcos legales.
Consideraron urgente que las dependencias de la Administración Pública Federal atiendan el comportamiento de los mercados laborales regionales y garanticen mecanismos efectivos de colaboración y responsabilidad compartida con Estados Unidos y Canadá. Bajo este principio, se requieren esfuerzos desde los tres niveles de gobierno para propiciar procesos de retorno y de reinserción digna y sustentable de los migrantes y sus familias al territorio nacional, así como posibilidades de un auténtico desarrollo integral.
En el comunicado, también convocaron a la sociedad civil para que asuma una postura, no solo de denuncia, sino mayor de actuación estratégica y estructural, que sustente la creación de una justa y digna reforma migratoria a favor de los mexicanos y personas de otros países que transiten por México.
Saltillo, Coah.
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