En la entidad se estableció que este financiamiento no era deuda pública, por lo que su manejo no se transparentó ni al Congreso ni a la ciudadanía
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el mecanismo que se estableció en Sonora para comprometer en la Bolsa Mexicana de Valores los impuestos, locales y federales, que recibiría la entidad durante 30 años.
La llamada bursatilización de recursos públicos, que es usada por municipios, entidades y por el gobierno federal, fue declarada inconstitucional por los ministros del máximo tribunal, por considerar que en el caso de Sonora se hizo todo para evitar que el manejo del financiamiento obtenido por este medio no pudiera transparentarse ni fiscalizarse.
A propuesta del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, y después de que el caso se había aplazado desde agosto, la Corte declaró inconstitucional el sistema de bursatilización que se implementó en Sonora.
Argumentó que en dicha entidad se estableció que este tipo de financiamiento no era considerado deuda pública y que, por lo mismo, nadie, ni el Congreso ni la ciudadanía, tenía derecho a fiscalizar el manejo que le diera el gobierno a dichos recursos.
Y porque, de manera adicional, también se estableció que durante 30 años el Congreso local no podía tocar ni pronunciarse en torno al destino de los impuestos comprometidos.
Además de que el manejo de los ingresos quedaría a cargo de un banco y no de la administración estatal.
Los ministros llegaron a la conclusión de que la bursatilización de impuestos es válida, pero sólo si es considerada como deuda pública; y por tanto debe estar sujeta a todos los mecanismos de fiscalización y de revisión, para conocer a qué se destinan.
Pero, en una decisión que generó extrañeza y confusión, aclararon que dicho criterio, de momento sólo es válido para el caso de Sonora.
Los ministros también explicaron que su decisión no tendrá efectos retroactivos, por lo que el gobierno de Sonora tendrá que seguir destinando recursos que reciba de los impuestos locales y de las participaciones federales para pagar 4 mil 500 millones de pesos que la administración de Eduardo Bours comprometió para este fin hasta el 2038.
La única consecuencia inmediata es que la bursatilización se quedará en esta cifra, y no en los 10 mil millones que había programado Bours para lo que denominó el Plan Sonora Proyecta; y que la deuda adquirida pueda ser fiscalizada. México, D.F.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el mecanismo que se estableció en Sonora para comprometer en la Bolsa Mexicana de Valores los impuestos, locales y federales, que recibiría la entidad durante 30 años.
La llamada bursatilización de recursos públicos, que es usada por municipios, entidades y por el gobierno federal, fue declarada inconstitucional por los ministros del máximo tribunal, por considerar que en el caso de Sonora se hizo todo para evitar que el manejo del financiamiento obtenido por este medio no pudiera transparentarse ni fiscalizarse.
A propuesta del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, y después de que el caso se había aplazado desde agosto, la Corte declaró inconstitucional el sistema de bursatilización que se implementó en Sonora.
Argumentó que en dicha entidad se estableció que este tipo de financiamiento no era considerado deuda pública y que, por lo mismo, nadie, ni el Congreso ni la ciudadanía, tenía derecho a fiscalizar el manejo que le diera el gobierno a dichos recursos.
Y porque, de manera adicional, también se estableció que durante 30 años el Congreso local no podía tocar ni pronunciarse en torno al destino de los impuestos comprometidos.
Además de que el manejo de los ingresos quedaría a cargo de un banco y no de la administración estatal.
Los ministros llegaron a la conclusión de que la bursatilización de impuestos es válida, pero sólo si es considerada como deuda pública; y por tanto debe estar sujeta a todos los mecanismos de fiscalización y de revisión, para conocer a qué se destinan.
Pero, en una decisión que generó extrañeza y confusión, aclararon que dicho criterio, de momento sólo es válido para el caso de Sonora.
Los ministros también explicaron que su decisión no tendrá efectos retroactivos, por lo que el gobierno de Sonora tendrá que seguir destinando recursos que reciba de los impuestos locales y de las participaciones federales para pagar 4 mil 500 millones de pesos que la administración de Eduardo Bours comprometió para este fin hasta el 2038.
La única consecuencia inmediata es que la bursatilización se quedará en esta cifra, y no en los 10 mil millones que había programado Bours para lo que denominó el Plan Sonora Proyecta; y que la deuda adquirida pueda ser fiscalizada. México, D.F.
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