Profesores y activistas de la APPO se apoderaron de la sede del juzgado 4 penal, ubicado en los accesos a la penitenciaria central de Ixcotel para recriminar el uso faccioso de la justicia en contra del presunto implicado en el asesinado del camarógrafo estadunidense Brad Will, registrado el 29 de octubre de 2006.
Los manifestantes cuestionan la pasividad del juez, Luis Salvador Colmenares que actúa bajo consigna sin ánimo de sentenciar sin mayores elementos al indiciado por los delitos de homicidio calificado.
Al juzgado asistió a comparecer un testigo protegido de la PGR, un ex camarógrafo de Televisa, Carol Residís, que actualmente trabaja en Imagen Institucional del gobierno de Ulises Ruiz.
Los maestros cuestionan que como testigo y principal acusador de Juan Manuel Martínez Moreno aparezca un funcionario del gobierno, quien sostiene había recibido componendas de tipo económico para prestarse al “teatro jurídico”.
El abogado del acusado, Gilberto López, anunció que presentará recursos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del PGR y la justicia oaxaqueña por la parcialidad del caso.
Según López hay evidencias de que el gobierno federal y estatal, se habían confabulado al fabricar un chivo expiatorio en ánimo de salvar el caso, evitar la presión internacional y recibir los recursos del Plan Mérida. Oaxaca, Oax.
Los manifestantes cuestionan la pasividad del juez, Luis Salvador Colmenares que actúa bajo consigna sin ánimo de sentenciar sin mayores elementos al indiciado por los delitos de homicidio calificado.
Al juzgado asistió a comparecer un testigo protegido de la PGR, un ex camarógrafo de Televisa, Carol Residís, que actualmente trabaja en Imagen Institucional del gobierno de Ulises Ruiz.
Los maestros cuestionan que como testigo y principal acusador de Juan Manuel Martínez Moreno aparezca un funcionario del gobierno, quien sostiene había recibido componendas de tipo económico para prestarse al “teatro jurídico”.
El abogado del acusado, Gilberto López, anunció que presentará recursos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del PGR y la justicia oaxaqueña por la parcialidad del caso.
Según López hay evidencias de que el gobierno federal y estatal, se habían confabulado al fabricar un chivo expiatorio en ánimo de salvar el caso, evitar la presión internacional y recibir los recursos del Plan Mérida. Oaxaca, Oax.
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